Aprovechando su congreso de delegados, la Central de Trabajadores de la República de Panamá (CTRP) recibió a la Junta Nacional de Escrutinio (JNE) para conocer los pormenores de su labor y plantear sus inquietudes en torno al proceso electoral del próximo 5 de mayo.
En esta ocasión, la comitiva de esta corporación electoral estuvo integrada por su presidenta, Nivia Rossana Castrellón, sus suplentes primera y segunda, Elisa Suárez y Madeleine Escribano y la vocal, Lilia Liu, quienes explicaron la función, misión y visión de la Junta a los participantes de este encuentro ciudadano que congregó a más de un centenar de dirigentes sindicales de todo el país.
La CTRP aglutina a 47.000 trabajadores a nivel nacional y es dirigida desde hace 27 años por Guillermo Puga, quien se manifestó complacido por la presentación diáfana que hizo la Junta a los dirigentes que recibieron información puntual y clara sobre sus inquietudes en torno al proceso electoral, además de acceso a plataformas y documentación que ampliará su conocimiento.
La presentación de las funciones, metas y tareas de la JNE fue ampliada y reforzada por Castrellón, quien procede del sector educativo, mientras que Escribano, que representa al sector de los trabajadores, detalló el proceso de escrutinio, en tanto Suárez y Liu abordaron los aspectos de seguridad del escrutinio manual que realiza la Junta.
Castrellón inquirió a los dirigentes al preguntarles si “¿usted le daría la llave de su casa a un desconocido por cinco años?” y luego del sonoro “No”, acotó que “tampoco puede dar la conducción del país a alguien cuya propuesta desconoce, tiene que informarse, ser crítico”.
Por eso realizó un ejemplo en directo en pantalla gigante de cómo los ciudadanos pueden enterarse de fuentes oficiales sobre los antecedentes personales y propuestas de cada candidato de su circuito a través de la plataforma Verifícate del Tribunal Electoral, tomando los datos de un dirigente presente.
También se ofrecieron detalles sobre “la ruta del voto” desde que un ciudadano deposita su papeleta en la urna hasta que llegan las actas circuitales a la Junta Nacional de Escrutinio, para la elección presidencial, recordando que los otros cargos a escoger (diputados, alcaldes, representantes y concejales) son proclamados por sus respectivas juntas compuestas por miembros de la sociedad civil.
Como ya se ha vuelto una constante, las preguntas no faltaron en torno a la seguridad que rodea el proceso, a lo que Suárez especificó que ya se han tomado las previsiones debidas de parte del Tribunal Electoral para reforzarla en los sitios considerados de posible mayor efervescencia.
Castrellón acotó que “el conteo es manual. En Panamá quien proclama es la sociedad civil, no lo hace ningún funcionario”.
“No quiero ser borrego”, manifestó el dirigente Teodoro González en su intervención, quien elogió la transparencia de la Junta, pero también demandó que en la información que divulgan los candidatos incluyan “en cuántos partidos han estado antes de decir que son independientes”.
Sobre las inquietudes en torno a los candidatos presidenciales y las demandas que hay en contra de algunos de ellos, Castrellón aclaró que esa materia escapa a la competencia de la Junta.
Sobre el mito que el voto en blanco se lo asignan al candidato que va adelante, Castrellón les explicó que “eso no es cierto, simplemente no suma nada. Se perdió ese voto; lo mismo ocurre con el voto nulo, por eso deben informarse en las fuentes oficiales para ejercer un voto informado y responsable”.
El dirigente Félix Estrada consultó sobre qué seguridad hay que los votos del interior no sean alterados antes de llegar las actas a la JNE, a lo que Suárez explicó que ese resabio del pasado del robo de urnas se acabó desde que se comenzaron a quemar las papeletas en cada mesa. “Evolucionamos con la democracia, se queman las papeletas, se levanta un acta en original, cuya copia reciben todos los representantes de los candidatos presentes y cada uno la firma. Es tan redundante el proceso que podemos reconstruir una mesa si es necesario, ahora el Tribunal Electoral ha preparado un visor en donde desde su casa usted puede llevar el conteo en una hoja de Excel; tenemos auditores que nos ayudan a verificar todo el proceso”, apuntó.
Suárez acotó que una de las mejores medidas de seguridad es que los ciudadanos “participen, vayan a ver el conteo de votos en su mesa. Eso es público”.
El dirigente Diomedes Nieto enfatizó que no se han resuelto las demandas en torno al número de votantes en determinadas jurisdicciones porque superan a la cantidad real de residentes en ellas, cuestión que Castrellón refirió a las instancias del Tribunal Electoral correspondientes.
La presidenta Castrellón remarcó que “la cadena de confianza” en cuanto al respeto de la voluntad popular comienza en la mesa de votación, de allí la importancia del acompañamiento ciudadano y la invitación a los dirigentes a sumarse en esta labor cívica como voluntarios.
Castrellón es acompañada en la Junta Nacional de Escrutinio por el secretario, Juan Carlos Karamañites; la vocal, Lilia Liu; las suplentes primera y segunda de la presidenta, Elisa Suárez y Madeleine Escribano; los suplentes primero y segundo del secretario, Mirhanna Sandoya y Alejandro Carbonell y los suplentes primero y segundo de la vocal, Daniela Noriega y Bencemar Montezuma, respectivamente.
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Sobre la Junta Nacional de Escrutinio
La JNE es la corporación electoral transitoria, autónoma e itinerante encargada del conteo de votos para escoger al Presidente y Vicepresidente de Panamá con base en las 39 actas de circuitos electorales y el acta del voto en el exterior y el voto adelantado (RERE/REVA).
Su misión es recibir, custodiar y escrutar todas las actas hasta el último voto, antes de hacer la proclamación del nuevo gobernante del país.
Está integrada por nueve ciudadanos panameños -seis de ellos, mujeres y 55% por ciento de 40 años o menos- escogidos por el Tribunal Electoral. No reciben ninguna remuneración por su labor cívica; no tienen ninguna afiliación política partidista ni con ningún candidato de libre postulación. Son personas de probada buena reputación, correctamente inscritos en el padrón final electoral y sin ninguna condena en el sistema judicial.
